La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) emitió esta semana una regulación que establece un mandato nacional para que los empleadores acomoden los abortos de las trabajadoras bajo la Ley de Equidad de las Trabajadoras Embarazadas (PWFA, por sus siglas en inglés).
El presidente Joe Biden firmó la PWFA en diciembre de 2022 ante el aplauso de organizaciones nacionales de aborto como NARAL Pro-Choice America y Planned Parenthood, así como de grupos pro-vida como la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). La ley original requería que los empleadores acomodaran razonablemente el embarazo, el parto y las “condiciones médicas relacionadas” de una trabajadora, pero dejó la interpretación de esos términos a la EEOC de la administración Biden, la agencia federal responsable de regular las leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo.
En respuesta a las preocupaciones de varios senadores pro-vida de que la EOCC podría usar la PWFA para obligar a los empleadores a facilitar los abortos (que es lo que ahora quieren hacer), el Senador Bob Casey, Demócrata por Pensilvania, declaró enfáticamente en el pleno del Senado el 8 de diciembre de 2022:
En virtud de la Ley de Equidad de las Trabajadoras Embarazadas… la EEOC no podía, no podía, emitir ninguna regulación que exigiera una licencia por aborto, ni permite que la EEOC exija a los empleadores que brinden una licencia por aborto en violación de la ley estatal.
La regla también señala que “nada en la PWFA requiere o prohíbe que un empleador pague los beneficios del seguro médico por un aborto”, pero insiste en que los empleadores deben, no obstante, proporcionar “adaptaciones razonables” para las “condiciones médicas relacionadas con el embarazo”.
“Eso podría incluir todo, desde licencia pagada para abortos hasta citas in vitro, las cuales violan nuestra fe católica”, señaló el Director de Asuntos Gubernamentales de CatholicVote, Tom McClusky. Y la regulación es notablemente débil en cuanto a la protección de la conciencia.
En la página 107, la EOCC cita la sección 702(a) de la Ley de Derechos Civiles, que establece que las disposiciones sobre aborto de la PWFA no se aplicarán a los empleadores religiosos “con respecto al empleo de personas de una religión en particular”.
En otras palabras, un empleador católico no tendría que adaptarse a los procedimientos de aborto o fertilización in vitro (FIV) de sus trabajadores católicos, pero no dice nada sobre los empleados no católicos de esa misma empresa. Por eso, hace algunas semanas, los obispos estaban quejándose, como reportamos aquí.
El presidente de CatholicVote, Brian Burch, calificó la disposición no solo como un “ataque” a los estadounidenses católicos, sino también como “divisiva”. “Una vez más, los demócratas han encontrado una nueva forma de dividir aún más a Estados Unidos”, dijo. “Bajo estas regulaciones, se disuadirá a los protestantes de contratar a católicos, a los católicos de contratar a musulmanes, a los musulmanes de contratar judíos, etc.”
Algunos grupos ya han cuestionado la legalidad de la regulación propuesta por la EOCC.
“La propuesta ilegal de la administración viola las leyes estatales que protegen a los no nacidos y las creencias religiosas y pro-vida de los empleadores”, dijo la consejera principal de Alliance Defending Freedom, Julie Marie Blake, en un comunicado. “La administración no tiene la autoridad legal para pasar de contrabando un mandato de aborto a una ley transformadora pro vida y pro mujer”.
CatholicVote insta a todos los estadounidenses a aprovechar el período de comentarios públicos de 60 días, después del cual la EOCC adoptará o revisará las reglas.
—
Foto: will-ma/unsplash