La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este martes un tratado internacional sobre preparación y respuesta ante futuras pandemias. La versión final, adoptada tras años de debate, eliminó disposiciones que habrían permitido la censura de información considerada como “desinformación”, “información errónea” o incluso un “exceso de información”, también conocido como “infodemia”.
El acuerdo, conocido formalmente como el Tratado de Pandemias, busca establecer un marco legal vinculante para mejorar la prevención, preparación y gestión de pandemias a nivel global. Organizaciones como Alliance Defending Freedom (ADF) International, que participaron activamente en el proceso de deliberación, celebraron que el texto final respete la libertad de expresión.
“Las versiones anteriores del tratado contenían cláusulas vagas que podían usarse para justificar la censura de opiniones legítimas bajo el pretexto de combatir la desinformación,” explicó ADF International en un comunicado. “Al presentar la libertad de expresión como una amenaza a la salud pública, esas propuestas representaban un serio riesgo para los derechos humanos”.
Finalmente, los negociadores optaron por excluir tales medidas, reconociendo en su lugar que la confianza pública y la transparencia son fundamentales para una comunicación eficaz durante emergencias sanitarias.
Giorgio Mazzoli, director de incidencia ante la ONU para ADF International, subrayó la importancia de esta decisión. “Celebramos que el tratado haya priorizado la comunicación abierta por encima de la represión del discurso. Este enfoque no solo es más efectivo, sino que también respeta las protecciones legales internacionales en favor de la libertad de expresión.”
El tratado no entra en vigor inmediatamente. Se abrirá para la firma de los Estados miembros una vez que se concluya un anexo clave: el Sistema de Acceso y Reparto de Beneficios sobre Patógenos. Este anexo establecerá normas sobre cómo se compartirán y utilizarán los datos sobre virus y otros agentes patógenos.
La adopción de este tratado marca un hito en la gobernanza sanitaria mundial, mientras continúan los debates sobre cómo equilibrar la salud pública con los derechos fundamentales en contextos de crisis.