Pero el Problema No Está Sólo en las Leyes y las Cortes
En muchas ocasiones el problema está en las entidades que gobiernan el campo de la salud mental, y, cómo no, en las universidades. The Spectator World publicó el mes pasado un artículo en el que se señala que estas entidades han consagrado una especie de “terapia de justicia social” que convierte a los terapeutas en activistas, y les confiere el poder de definir los objetivos de las terapias, pasando por encima de las necesidades de sus pacientes.
A continuación, algunos fragmentos del artículo publicado en The Spectator World:
“Sin embargo, la terapia de justicia social (TJS) invierte ese marco. Confiere a los terapeutas -que se entienden primero como activistas, no como sanadores- el poder de definir los objetivos de la terapia, pasando por encima de las necesidades y preferencias del cliente.
“Lo más condenable”, me dice Kindsvatter, “es que las principales entidades que gobiernan en este campo han hecho la vista gorda ante flagrantes infracciones éticas, porque tales infracciones se alinean con una ideología preferida.”
El consejo de gobierno de la American Counseling Association, o ACA, ha aprobado “competencias de asesoramiento multicultural y de justicia social”. Según estas competencias “Los asesores competentes en multiculturalismo y justicia social ayudan a los clientes privilegiados y marginados a desaprender sus privilegios y su opresión, [ayudan] a los clientes privilegiados y marginados a desarrollar una conciencia crítica mediante la comprensión de su situación en el contexto de vivir en una sociedad opresiva” e “inician debates con clientes privilegiados y marginados sobre cómo conforman y son conformados por las leyes y políticas locales, estatales y federales”.
Otra entidad rectora es el Consejo para la Acreditación de Programas de Asesoramiento y Programas Educativos Relacionados (Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs). El consejo requiere que los programas incluyan capacitación sobre “los efectos del poder y el privilegio para los consejeros y clientes” y “estrategias para identificar y eliminar barreras, prejuicios y procesos de opresión y discriminación intencionales y no intencionales”.
En 2017, la Asociación Americana de Psicología publicó sus “Directrices multiculturales: Un enfoque ecológico del contexto, la identidad y la interseccionalidad”. La directriz número cinco estipula que “los psicólogos aspiran [a] abordar las barreras institucionales y las desigualdades, desproporcionalidades y disparidades relacionadas de la aplicación de la ley, la administración de la justicia penal, la educación, la salud mental y otros sistemas, ya que buscan promover la justicia [y] los derechos humanos.” Una característica común de todas estas directivas es el total desprecio por la capacidad de acción de los pacientes, que asumen que las fuerzas sociales son el único factor determinante de sus problemas.
La terapia de justicia social surgió de una práctica denominada asesoramiento multicultural. Basado en la idea de que la terapia con poblaciones minoritarias requiere un conjunto de competencias distintas, el primer libro de texto sobre el tema, Counseling the Culturally Different, se publicó en 1981. En 1992, el código ético de la APA sostenía que un psicólogo podía ser sancionado si no se comportaba de una manera que pudiera considerarse “culturalmente sensible”. Las “Directrices sobre educación multicultural, formación, investigación y cambio organizativo para psicólogos” de 2002 de la APA establecen una norma sensata para la práctica culturalmente sensible, al decir que “se insta a los psicólogos a comprender y apreciar mejor la visión del mundo y las perspectivas de quienes son racial y étnicamente diferentes de ellos mismos””.
Puede leer el artículo completo en inglés aquí.
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Foto: mark williams / unsplash