El régimen de Daniel Ortega ha intensificado su persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua con la expulsión de aproximadamente 30 monjas Clarisas de sus conventos en Managua y Chinandega. Las religiosas solo pudieron llevar algunas de sus pertenencias antes de ser forzadas a abandonar el país, según informó el medio local Mosaico CSI.
Este acto represivo ocurre pocos días después de que el gobierno de Ortega confiscara el seminario de la Diócesis de Matagalpa, San Luis de Gonzaga, el pasado 20 de enero. Según Pillar Catholic, la mitad de los 60 estudiantes que estudiaban en el seminario estaban presentes durante la incautación y fueron enviados a sus hogares por la policía.
San Luis de Gonzaga era un pilar fundamental en la formación de seminaristas para las diócesis de Matagalpa y Siuna, entre otras. Su confiscación es parte de una estrategia de hostigamiento que ha reducido drásticamente la presencia del clero en Nicaragua. Desde el retorno al poder de Ortega, la Diócesis de Matagalpa ha perdido más del 60% de su clero, y el país ha visto una disminución del 20% en su total de sacerdotes.
El acoso contra la Iglesia no es un hecho aislado. Días antes de la confiscación del seminario, el 16 de enero, el gobierno sandinista también tomó el Centro Pastoral La Cartuja de la Diócesis de Matagalpa. Según Vatican News, testigos presenciales informaron que paramilitares irrumpieron en el recinto y expulsaron por la fuerza a decenas de fieles que participaban en un retiro espiritual.
La persecución religiosa bajo Ortega se ha intensificado desde 2022, con la expulsión de religiosos, el cierre forzado de proyectos educativos y caritativos católicos, la censura de medios de comunicación afiliados a la Iglesia y la prohibición de procesiones públicas de Semana Santa y del Vía Crucis. Además, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien inicialmente fue condenado a 26 años de prisión por “traición a la patria”, fue exiliado en Roma en enero de 2024 tras cumplir un año en cárcel. Su sustituto, el padre Frutos Valle, también fue detenido por la policía.
El Papa Francisco, en un intento de brindar apoyo espiritual a los católicos nicaragüenses, envió una carta pastoral el 2 de diciembre de 2024, exhortándolos a no perder la fe: “No olviden la amorosa Providencia del Señor, que nos acompaña y es nuestra única guía segura”.
La represión del régimen de Ortega no se limita a la Iglesia. En 2023, el gobierno desterró a 222 presos políticos, entre opositores y líderes estudiantiles, enviándolos a Estados Unidos y despojándolos de su nacionalidad nicaragüense. Miguel Flores, uno de los exiliados, relató al National Catholic Reporter: “Fue entonces cuando nos convertimos en apátridas, sin un país. Al final, nuestra libertad no era real porque la verdadera libertad significa poder permanecer en la propia tierra”.
Con estos ataques constantes contra la libertad religiosa y los derechos civiles, el régimen de Ortega sigue consolidándose como una dictadura represiva que busca eliminar toda oposición, incluyendo la voz de la Iglesia Católica en Nicaragua.