Plan de Estímulo Covid es Destinado al Aborto
Funcionarios de distintas ciudades en todo el país pretenden financiar el aborto con fondos federales destinados a la recuperación de la economía y la salud de los efectos derivados del COVID-19, beneficiando con ello a Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos en los Estados Unidos. Esto a pesar de que, a partir del fin de Roe vs Wade, ya no existe un derecho federal al aborto.
La publicación del Washington Stand en la que se da cuenta de esta información incluyó ejemplos concretos como el de la ciudad de Toledo, en Ohio, cuyo concejo municipal “propuso la ordenanza 530-21, que destinaría 100 000 dólares de los fondos del plan de estímulo COVID (American Rescue Plan) a pagar el viaje de mujeres de Ohio fuera del estado para abortar. Los fondos se destinarían al Fondo Agnes Reynolds Jackson, una de las redes de fondos abortistas del país, que difieren, pero no cubren el precio total de un aborto”.
“Mientras tanto”, continúa Ben Johnson, autor del artículo, “la ciudad de Rochester (Nueva York) ha seleccionado a Planned Parenthood of Central and Western NY como uno de los 20 miembros de su “Colectivo por la Paz de Rochester”, que se repartirá 5 millones de dólares de la financiación del American Rescue Plan. El alcalde Malik Evans, demócrata, dijo que las organizaciones merecen estas “inversiones de primera línea”, porque tienen la capacidad de “intervenir en la vida de las personas que tal vez han sido impactadas por la violencia.” La ordenanza de Toledo también dice que sus términos son “necesarios para la preservación inmediata de la paz pública, la salud, la seguridad y la propiedad””.
También en Rochester, “los defensores de la familia se oponen a la subvención de 225 000 dólares para el programa de educación sexual de Planned Parenthood, ya que utiliza dinero de los contribuyentes para enlazar a menores con la página web de Planned Parenthood”, añade la publicación.
No obstante, y como bien apunta el artículo, “estas ciudades, que aún no han actuado, no son ni mucho menos las únicas que utilizan fondos federales de sanidad para promover el aborto. En julio, la alcaldesa de San Luis, la demócrata Tishaura Jones, firmó un proyecto de ley por el que se utilizaba un millón de dólares de los fondos federales de ayuda COVID para pagar los viajes para abortar, o guarderías, de las mujeres que quisieran abortar, algo que, según ella, cumplía sus promesas electorales y encajaba con su filosofía política. “Dije que lucharía con todas mis fuerzas para garantizar que los ciudadanos de San Luis puedan acceder a la atención sanitaria reproductiva que necesitan”, prometió. El fiscal general de Misuri, el republicano Eric Schmidt, presentó inmediatamente una demanda contra la medida”.
En efecto, una cita de la revista Nation recogida por el Washington Stand señala que “Atlanta; Chicago; Columbus (Ohio); Fresno (California); Nashville y el condado de Davidson (Tennessee); la ciudad de Nueva York; y Seattle destinaron fondos estatales o municipales al acceso al aborto. Cuyahoga County, Ohio; y St. Louis, Mo., destinaron fondos de la Ley de Protección del Rescate Americano al acceso al aborto”.
El artículo concluye con una cita a Connor Semelsberger, director de asuntos federales del Consejo de Investigación Familiar (Family Research Council), quien dijo que: “A medida que Roe se convierte en un recuerdo desfalleciente, es importante recordar que ya no existe un derecho federal al aborto, tal y como han establecido nuestros tribunales, y que, por lo tanto, no debería subvencionarse con el dinero de los contribuyentes”.
Puede leer el artículo en inglés aquí.
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Foto: Robin Marty / Wikimedia