Dos docentes de Oregón han apelado una demanda contra su distrito escolar, tras una decisión del tribunal de distrito de 2023 que dictaminó que su despido por oponerse a las políticas transgénero escolares no violaba su derecho a la libertad de expresión.
Rachel Sager y Katie Medart lanzaron un movimiento de base llamado “I Resolve” en 2021 para ofrecer soluciones “razonables, amorosas y tolerantes” a las políticas transgénero de los distritos escolares, las cuales argumentaron que violaban las conciencias de los docentes e infringían los derechos parentales.
Ambas docentes, que enseñaban en la Escuela Secundaria North del Distrito Escolar 7 de Grants Pass, fueron suspendidas y luego despedidas por el distrito escolar debido a la campaña.
Oregon Public Broadcasting (OPB) informó que Sager y Medart demandaron al distrito escolar, alegando que su despido violaba su derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, así como su derecho de la Decimocuarta Enmienda a la igual protección. En 2023, un tribunal de distrito dictaminó que su despido no era inconstitucional, ya que su activismo violaba las políticas del distrito escolar.
Representadas por la Alianza para la Defensa de la Libertad y el Pacific Justice Institute, Sager y Medart apelaron ante el Noveno Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. El tribunal escuchó argumentos orales el 3 de junio, y aún está pendiente una decisión sobre si reintegrar o no la demanda.
Según OPB, ambas docentes fueron recontratadas y reinstaladas gracias a una nueva mayoría en la junta escolar.
El Consejero Legal de ADF, Mathew Hoffman, quien argumentó ante el tribunal, dijo que el caso depende del derecho de los docentes a la libertad de expresión.
“Los educadores tienen libertad para expresar opiniones sobre temas fundamentales de interés público, como la política de educación sobre identidad de género, que implican las libertades de docentes, padres y estudiantes”, declaró en un comunicado de prensa días antes de los argumentos orales.
Continuó:
Los educadores no renuncian a sus derechos de la Primera Enmienda en la puerta de la escuela, y las escuelas públicas no pueden retaliar contra discursos con los que no están de acuerdo. Abogar por soluciones en las que creen no debería costarles el trabajo a los docentes, especialmente cuando se trata de políticas educativas, un tema sobre el que están especialmente calificados para hablar.
“Los educadores que abogan por el sentido común y la participación parental deberían ser aplaudidos, no castigados”, agregó Brad Dacus, presidente y fundador del Pacific Justice Institute. “Nos sentimos privilegiados de estar al lado de estos valientes educadores y seguir luchando por ellos en el Noveno Circuito”.