Prohíben al Gobierno Coordinar con Big Tech Sobre Censura
Aunque sólo se trata de una medida cautelar, y aunque en esta instancia el caso es “relativamente joven”, el juez dijo en su resolución que las pruebas presentadas por los demandantes describen un escenario “orwelliano” y “casi distópico” en el que el gobierno utilizó su poder para silenciar a las opiniones disidentes, y que “es bastante revelador que cada ejemplo o categoría de discurso suprimido fuera de naturaleza conservadora”.
El Washington Post informó que “un juez federal impidió el martes a agencias y funcionarios clave de la administración Biden reunirse y comunicarse con empresas de medios sociales sobre “discurso protegido”, en una medida cautelar extraordinaria en un caso en curso que podría tener profundos efectos sobre la Primera Enmienda”.
Según la nota, “la medida cautelar se produjo en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, que alegan que los funcionarios del gobierno fueron demasiado lejos en sus esfuerzos por alentar a las empresas de medios sociales para hacer frente a las publicaciones que les preocupaba que pudieran contribuir a la indecisión de vacunas durante la pandemia o alterar las elecciones. La decisión del juez nombrado por Trump podría dar al traste con años de esfuerzos por mejorar la coordinación entre el gobierno y las empresas de redes sociales”.
“La medida cautelar fue una victoria para los fiscales generales de los estados, que han acusado a la administración Biden de habilitar una “empresa federal de censura en expansión” para animar a los gigantes tecnológicos a eliminar puntos de vista y oradores políticamente desfavorables, y para los conservadores que han acusado al gobierno de suprimir su discurso. En sus escritos, los fiscales generales alegaron que las acciones equivalen a “las violaciones más atroces de la Primera Enmienda en la historia de los Estados Unidos de América””, añade la publicación.
“El juez, Terry A. Doughty, aún no ha dictado una sentencia definitiva en el caso, pero en la orden judicial escribió que los fiscales generales republicanos “han aportado pruebas de un esfuerzo masivo por parte de los demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir la expresión basada en su contenido””, continúa el Washington Post.
La publicación también da cuenta de que “la sentencia podría tener implicaciones críticas para las empresas tecnológicas, que se comunican regularmente con funcionarios del gobierno, especialmente durante las elecciones y las emergencias, como la pandemia de coronavirus. En su orden, el juez hizo algunas excepciones para las comunicaciones entre los funcionarios del gobierno y las empresas, incluso para advertirles de amenazas a la seguridad nacional, actividades delictivas o supresión de votantes”.
“La orden del juez pone límites a una serie de agencias ejecutivas con una amplia gama de responsabilidades en todo el gobierno federal, incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. También nombra a más de una docena de funcionarios individuales, entre ellos el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y Jen Easterly, que dirige la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras”, resalta la nota.
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Foto: louis-velazquez/unsplash