República Dominicana abiertamente pro-vida
Durante décadas, la República Dominicana —donde el aborto está prohibido desde 1884— ha estado bajo fuerte presión de redes internacionales y grupos feministas para despenalizarlo en ciertos casos. Sin embargo, pese a campañas bien financiadas, apoyo mediático y respaldo de organismos internacionales, el pueblo dominicano ha mantenido su rechazo.
El 31 de julio de 2025, a través de sus representantes, lo reafirmó. Durante la aprobación del nuevo Código Penal (Ley Orgánica 74-25), el movimiento abortista intentó introducir una enmienda para permitir el aborto por defectos congénitos, violación, incesto y por la “salud” de la madre, un término que suele usarse de manera tan amplia que equivale a legalizarlo sin restricciones. La propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados por 159 votos contra 4. Ese mismo margen aprobó el nuevo Código Penal, que el Senado refrendó al día siguiente con un solo voto en contra. Tal como anoticia InfoCatólica, “El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader ha firmado el nuevo código penal que entrará en vigor en agosto de 2026. La norma, que sustituye al texto vigente desde 1884, mantiene la penalización total del aborto”.
Para activistas como Loren Montalvo, de Alianza Defensora de la Libertad, esta victoria es fruto de décadas de resistencia. Han debido enfrentar a organizaciones como Profamilia, CLACAI y más de 20 grupos feministas locales, así como la presión de redes internacionales —CLADEM, Federación Internacional de Planificación Familiar, Católicas por el Derecho a Decidir— e incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha calificado la prohibición de violación a derechos humanos.
La Sra. Montalvo, abogada, explicó: “Esta lucha lleva décadas. Primero intentaron introducir el aborto a través del Código de Salud, luego a través del Código Penal. Pero en cada ocasión los detuvo el Artículo 37 de la Constitución, que establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. Mientras nosotros hacíamos todo lo posible con nuestros propios recursos, la otra parte contaba con grupos bien financiados, campañas de movilización y aliados en los medios de comunicación”.
Como señala Carlos Polo, director de la oficina latinoamericana del Instituto de Investigación de Población: “Todas las organizaciones mencionadas, y muchas más, participan activamente en la promoción de la despenalización del aborto en toda Latinoamérica bajo el pretexto de los ‘derechos sexuales y reproductivos’. Todas realizan incidencia política mediante campañas de concientización y servicios de asesoría. Todas promueven, en mayor o menor medida, los abortos químicos… En República Dominicana…este enorme consorcio internacional de grupos presionaba al Congreso para que legalizara el aborto en ciertas circunstancias. Organizaciones regionales como el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), sobre el cual estamos publicando un importante informe de investigación, desempeñan un papel fundamental”.
La aprobación del Código provocó fuertes reacciones de grupos feministas, que acusan al país de poner en riesgo la vida de las mujeres. Los provida responden que el embarazo, incluso en casos de violación o defectos congénitos, no es una amenaza que requiera aborto, y que la medicina moderna puede proteger siempre a la madre.
La República Dominicana ha enviado un claro mensaje respecto a que la vida no es negociable. Pero, como advierte Polo, las organizaciones proaborto no cesarán y volverán con litigios, campañas mediáticas y presión internacional. Para los provida, la consigna es mantenerse vigilantes y activos para evitar que el suelo se riegue de sangre inocente.