El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó esta semana a las autoridades de Hong Kong por emitir una nueva ronda de órdenes de arresto y recompensas contra varios activistas pro democracia que viven en otros países, incluido Estados Unidos.
“Los ataques extraterritoriales contra los hongkoneses que ejercen sus libertades fundamentales constituyen una forma de represión transnacional”, declaró Rubio el 26 de julio. “No toleraremos los intentos del gobierno de Hong Kong de aplicar sus leyes de seguridad nacional para silenciar o intimidar a los estadounidenses ni a ninguna persona en territorio estadounidense”.
El 25 de julio, la policía de Hong Kong emitió órdenes de arresto contra 19 personas vinculadas al Parlamento de Hong Kong, un comité organizador electoral fundado en Canadá. Las autoridades las acusaron de intentar subvertir el poder estatal “utilizando medios ilegales”, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong.
Entre los mencionados se encontraban el empresario Elmer Yuen, el comentarista Victor Ho y los activistas Johnny Fok y Tony Choi, todos ellos previamente buscados con recompensas de 1 millón de dólares de Hong Kong (127.000 dólares estadounidenses). La policía ahora ofrece una recompensa de 200.000 dólares de Hong Kong (25.480 dólares estadounidenses) por cada uno de los 15 individuos restantes.
A su vez, el Parlamento de Hong Kong, en una declaración del 27 de julio, acusó al Partido Comunista Chino (PCCh) de “extender su alcance coercitivo más allá de las fronteras de China y violar la soberanía de las naciones democráticas”.
En su sitio web, el grupo dice que su objetivo es servir como una “voz representativa y una institución protectora para los hongkoneses de todo el mundo” y está dedicado a defender el estado de derecho y exponer el “autoritarismo del PCCh enmascarado como legitimidad”.
Según Hong Kong Free Press, la última ronda de órdenes de arresto eleva a 34 el número de personas buscadas por presuntas violaciones a la seguridad nacional.
Rubio advirtió que la medida marca una tendencia más amplia de Beijing a dar marcha atrás en sus compromisos con las libertades y el autogobierno de Hong Kong.
“Con esta nueva ronda de órdenes de arresto y recompensas”, dijo Rubio, “el gobierno de Hong Kong continúa erosionando la autonomía que el propio Pekín prometió al pueblo de Hong Kong tras la entrega de 1997”.