Rubio Revela que la Administración Biden Mantuvo Expedientes de “Desinformación” sobre Funcionarios de Trump

En una revelación que ha provocado indignación entre defensores de la libertad de expresión y líderes conservadores, el secretario de Estado Marco Rubio denunció durante una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump que una oficina del Departamento de Estado, bajo la administración Biden, mantuvo expedientes secretos sobre ciudadanos estadounidenses acusados de ser “vectores de desinformación”. Uno de esos expedientes incluía información sobre un funcionario de la administración Trump, aunque su identidad aún no ha sido revelada públicamente.

“Teníamos una oficina en el Departamento de Estado encargada de censurar a los estadounidenses”, declaró Rubio. “Y, por cierto, no voy a decir quién es. Se lo dejo a ellos. Hay al menos una persona en esta mesa hoy que tenía un expediente en ese edificio con publicaciones en redes sociales que la identificaban como desinformadora.”

Ante esta impactante declaración, el vicepresidente J.D. Vance bromeó: “¿Fui yo o Elon [Musk]? Podemos seguir con el tema cuando los medios se hayan ido”, desatando risas en la sala, aunque su comentario también subrayó la gravedad del asunto.

Rubio continuó:
“Piensen en eso. El Departamento de Estado de Estados Unidos creó una oficina para monitorear publicaciones y comentarios de ciudadanos estadounidenses en redes sociales, para identificarlos como vectores de desinformación. Cuando sabemos que la mejor manera de combatir la desinformación es la libertad de expresión y la transparencia. No vamos a tener una oficina que haga eso”.

La Oficina Secreta del Departamento de Estado: De Antiterrorismo a Censura Doméstica

La oficina en cuestión parece ser el Centro de Compromiso Global (Global Engagement Center, GEC), una entidad originalmente creada en 2016 por el expresidente Barack Obama. Su propósito inicial era combatir mensajes extremistas dirigidos a audiencias extranjeras. Sin embargo, con el tiempo, su misión se amplió para incluir la lucha contra lo que consideraban “desinformación extranjera”, lo que eventualmente derivó en una intromisión directa en el discurso interno de los propios ciudadanos estadounidenses.

Durante la pandemia del COVID-19, el GEC fue objeto de múltiples críticas. El periodista Matt Taibbi informó que el centro “financió una lista secreta de subcontratistas y ayudó a ser pionero en una nueva forma insidiosa —e idiota— de listas negras”, marcando como sospechosos a ciudadanos que expresaban opiniones sobre el virus, su origen, o las medidas de respuesta. Entre los criterios para etiquetar a personas como “representantes rusos”, se incluía simplemente el hecho de mencionar teorías como que el virus fue diseñado o que pudo haber surgido de investigaciones en Wuhan.

Elon Musk y la Advertencia Temprana

Uno de los críticos más vocales del GEC fue Elon Musk, quien en enero de 2023 escribió en X (anteriormente Twitter):

“El mayor infractor de la censura y la manipulación mediática del gobierno estadounidense es una agencia desconocida llamada GEC. Son una amenaza para nuestra democracia”.

Musk, quien posteriormente respaldó la campaña presidencial de Trump en 2024, asumió un papel provisorio dentro de la administración como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Su oposición pública a la censura ejercida por el GEC generó aún más atención sobre esta oficina.

Cierre Tardío y Reorganización Bajo Otro Nombre

Aunque el Congreso no renovó los fondos para el GEC en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024, la administración Biden no disolvió inmediatamente la oficina. En lugar de eso, en sus últimas semanas en el poder, reorganizó su personal y le cambió el nombre a “Centro para la Lucha contra la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (R/FIMI)”, en un intento de mantener su estructura y operación bajo una nueva fachada.

Finalmente, fue el secretario Rubio quien anunció el cierre definitivo de la oficina el 16 de abril de 2025:

“Bajo la administración anterior, esta oficina, que costaba a los contribuyentes más de 50 millones de dólares al año, gastó millones de dólares en silenciar y censurar activamente las voces de los estadounidenses a quienes se suponía que debían servir. Esto es la antítesis de los principios que deberíamos defender y es inconcebible que estuviera ocurriendo en Estados Unidos. Eso termina hoy”.

Una Amenaza Real a la Libertad de Expresión

Esta revelación subraya una de las preocupaciones más persistentes de los últimos años: la creciente colaboración entre el gobierno federal y plataformas tecnológicas para vigilar, etiquetar y silenciar el discurso ciudadano, incluso cuando este involucra opiniones legítimas sobre política, salud pública o seguridad nacional.

Lo que comenzó como una herramienta antiterrorista evolucionó hacia una máquina de vigilancia ideológica interna, dirigida contra estadounidenses comunes —incluidos funcionarios electos y empresarios prominentes—, simplemente por expresar opiniones no alineadas con la narrativa oficial del gobierno de turno.

En un país fundado sobre los principios de libertad de expresión y protección contra la persecución política, el hecho de que una oficina federal mantuviera expedientes secretos sobre ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales debería alarmar a todos, independientemente de su afiliación política.

El Camino a Seguir

La administración Trump ha prometido reformas profundas para evitar que este tipo de estructuras se reinstalen bajo nuevos nombres o funciones. “No vamos a tener una oficina que haga eso”, insistió Rubio, reflejando el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia y los derechos constitucionales.

A medida que se revelen más detalles sobre quiénes fueron objeto de vigilancia y censura por parte de esta oficina, se espera que crezca la presión pública por auditorías, responsabilidades legales y garantías de que una violación tan clara a los derechos civiles no se repita.