La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de 5-4 que le permite a la administración de Donald Trump recortar cerca de 800 millones de dólares en subvenciones destinadas a programas de investigación sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI). La decisión, que marca un precedente en la disputa entre la Casa Blanca y sectores académicos, pone en pausa el bloqueo previo de un juez federal que había impedido esta medida.
El voto mayoritario estuvo compuesto por los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En la minoría quedaron John Roberts, presidente del tribunal, junto a Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
La decisión revierte parcialmente la orden del juez William Young, de Boston, quien en junio había bloqueado el recorte tras demandas presentadas por 16 fiscales generales demócratas y organizaciones de salud, que argumentaban que se trataba de una “interrupción sin precedentes” de la investigación en curso.
Desde la Casa Blanca, la administración Trump defendió la medida alegando que esos fondos no estaban orientados a la investigación científica real ni tenían un impacto directo en la salud pública, sino que servían para promover agendas ideológicas bajo el paraguas de la DEI. El juez Gorsuch reforzó esta postura al señalar en su opinión que los tribunales inferiores no tienen libertad de desafiar precedentes de la Corte Suprema: “Si no queremos que prevalezca la anarquía en el sistema judicial federal, un precedente de esta Corte debe ser seguido por los tribunales inferiores sin importar cuán equivocados lo consideren”.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la voz más dura en la disidencia, redactando un extenso escrito de 21 páginas en el que calificó la decisión como “jurisprudencia del Calvinball”, un juego en el que la única regla es que no existen reglas. Según Jackson, la Corte parecía aplicar un criterio flexible únicamente cuando estaba en juego una decisión favorable al gobierno de Trump: “Parece que tenemos dos reglas: esa y que esta Administración siempre gana”.
El fallo no pone fin definitivo al litigio, pero sí permite que la Casa Blanca avance en los recortes mientras continúan las apelaciones. El tema seguirá en disputa en los próximos meses, dado que universidades y centros de investigación dependen de estos recursos para sostener proyectos vinculados con diversidad y equidad.
Este caso se inscribe en un escenario político más amplio, donde el expresidente Trump busca consolidar su línea de gobierno orientada a reducir programas que considera atados a ideologías progresistas y reorientar los fondos públicos hacia prioridades más tangibles para la ciudadanía.