La Comisión Europea confirma que la población fue expuesta a inyecciones bajo “autorización condicional”, mientras crece el escándalo del ‘Pfizergate’ que salpica a Ursula von der Leyen. La Comisión Europea (CE) ha reconocido lo que durante años fue denunciado por voces críticas y es que las vacunas contra el covid-19 se distribuyeron sin contar con un expediente completo de datos de seguridad y eficacia. Esta admisión llega en el marco de nuevas acusaciones de corrupción contra la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por el escándalo conocido como ‘Pfizergate’, donde incluso, según reveló el New York Times, han desaparecido pruebas clave del caso.
El eurodiputado austriaco Gerald Hauser, del Partido de la Libertad de Austria, envió a fines de agosto una interpelación en la que preguntaba con claridad: “¿Por qué la Comisión no informó a la ciudadanía de que la eficacia y la seguridad de las vacunas génicas, tal como estipula el tratado, no estaban garantizadas?”.
En efecto, el propio Acuerdo de Compra Anticipada firmado por Bruselas con BioNTech y Pfizer establecía que los Estados miembros “aceptan que se desconocen los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna, así como la posibilidad de que se produzcan efectos secundarios desconocidos”.
La respuesta oficial de la Comisión no deja dudas al sostener que “Las primeras vacunas contra el covid-19 recibieron una autorización de comercialización condicional, un tipo especial de autorización que facilita el acceso a medicamentos necesarios para cubrir una necesidad médica, por ejemplo, en situaciones de emergencia como la pandemia de covid-19, mientras aún no se dispone de un expediente completo de datos”.
No se puede negar que se usó la población como “conejillos de Indias”. Tras conocer la declaración, Hauser acusó a la CE de confirmar abiertamente que millones de europeos fueron expuestos a un experimento masivo en nombre de la “urgencia sanitaria”: “La CE […] admite que no se disponía de datos completos sobre las vacunas contra la covid-19 aprobadas el 21 de diciembre de 2020 y, por lo tanto, solo se concedió una aprobación condicional”. Concluyó con dureza: “Todas las personas vacunadas fueron tratadas como conejillos de Indias. Cientos de europeos fueron tratados con vacunas mal probadas”.
Se marca un claro contraste con Estados Unidos. Vale considerar que el parlamentario austriaco elogió recientemente la política del ministro de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., quien levantó las autorizaciones de emergencia y exigió que cada dosis vaya acompañada de información médica detallada sobre los riesgos. “Sin embargo, en la UE, estas vacunas siguen estando disponibles gratuitamente, incluso para embarazadas, bebés, niños y personas sanas”, observó Hauser. Esto es necesario considerar porque la aceptación acrítica de estas políticas pone de manifiesto la lógica del biopoder; se ha visto que el individuo queda reducido a un mero engranaje de una estrategia sanitaria global, donde la urgencia médica justifica la experimentación y la libertad personal se diluye ante la imposición del poder internacional. Lo ocurrido constituye una herida profunda a la dignidad personal. Cada ser humano merece ser tratado no como medio para un experimento poblacional, sino como fin en sí mismo, con pleno derecho a una información clara, libre y completa antes de cualquier intervención médica. La pandemia mostró hasta qué punto las instituciones están dispuestas a “sacrificar” certezas éticas en nombre de una eficacia utilitarista. La confesión de Bruselas confirma que Europa convirtió a millones en sujetos pasivos de una decisión política y farmacéutica cuya transparencia aún hoy sigue en entredicho.