Tribunal De Circuito Dictamina Que Gobierno De EE.UU. Puede Deportar Inmigrantes Ilegales
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó el viernes que el gobierno de Estados Unidos puede deportar a inmigrantes ilegales y anular a las autoridades locales que intentan impedir que departamentos federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operen en áreas regionales.
Los jueces Daniel Bress, Michael Hawkins y Richard Clinton emitieron la decisión en un fallo de 29 páginas y confirmaron el juicio sumario del tribunal de distrito que escuchó el caso primero.
Como informó The Center Square , el caso judicial se centró en una orden ejecutiva de 2019 presentada en el condado de King, Washington, por el ejecutivo del condado Dow Constantine. La orden ordenaba a las autoridades locales disuadir y prohibir al ICE utilizar un aeródromo de Boeing del condado para deportar inmigrantes ilegales, contó el medio:
La orden de Constantine prohibió al Aeropuerto Internacional del Condado de King apoyar “el transporte y la deportación de inmigrantes detenidos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ya sea que viajen dentro o lleguen o salgan de los Estados Unidos o sus territorios”.
El aeródromo en cuestión está ubicado cerca de Seattle, que los funcionarios locales han declarado polémicamente como una “ciudad santuario” para inmigrantes ilegales, y cerca del centro de operaciones de ICE-Seattle.
En 2019, la administración Trump demandó al condado de King por la orden de Constantine, alegando que violaba la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. En particular, la administración Trump citó la doctrina de inmunidad intergubernamental de la cláusula y un “acuerdo de Instrumento de Transferencia de la era de la Segunda Guerra Mundial que permite al gobierno federal utilizar el aeropuerto del condado de King”.
La administración Trump ganó la primera demanda, lo que provocó que el condado de King apelara ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
La cláusula del Instrumento de Transferencia establece que “los Estados Unidos de América… a través de cualquiera de sus empleados o agentes tendrán en todo momento el derecho de hacer uso no exclusivo del área de aterrizaje del aeropuerto en el que se encuentre o utilice cualquiera de las propiedades transferidas por este instrumento, sin cargo alguno”.
El fallo redactado por Bress, con la concurrencia de Hawkins y Clinton, señaló que la orden ejecutiva emitida por Constantine afectó la cláusula del Instrumento de Transferencia al intentar frustrar las operaciones de ICE desde el aeródromo.
La orden de Constantino decía:
Entre otras cosas, los funcionarios del condado de King deberán “tomar las medidas adecuadas, en consonancia con las obligaciones federales del condado, para minimizar la cooperación, la facilitación y la autorización del condado para las operaciones asociadas con el transporte de detenidos por motivos de inmigración”. Además, y esto es importante, los funcionarios del condado deberán garantizar que todos los futuros contratos de arrendamiento, permisos de operación y otras autorizaciones para la actividad comercial en el Aeropuerto Internacional del Condado de King contengan una prohibición de proporcionar servicios aeronáuticos o no aeronáuticos a empresas dedicadas al negocio de deportar detenidos por motivos de inmigración (excepto aeronaves del gobierno federal), en la medida máxima permitida por la ley aplicable.
Como resultado, los contratistas de ICE fueron discriminados y la empresa tuvo que trasladar sus operaciones del condado de King a Yakima, Washington, lo que generó problemas de seguridad y nuevos costos operativos.
El tribunal sostuvo que la orden de Constantine en el condado de King “regulaba incorrectamente la forma en que el gobierno federal transportaba a detenidos no ciudadanos al impedir que ICE utilizara contratistas privados de FBO en Boeing Field, y a primera vista discriminaba a los Estados Unidos al señalar al gobierno federal y a sus contratistas para un trato desfavorable”.
El fallo también describió cómo la orden de Constantino violó la doctrina de inmunidad intergubernamental dentro de la Cláusula de Supremacía de la Constitución:
En reconocimiento de la independencia del gobierno federal respecto del control estatal, la doctrina de inmunidad intergubernamental prohíbe a los estados “interferir con o controlar las operaciones del gobierno federal”. Washington, 596 US en 838. Lo hace proscribiendo “leyes estatales que ‘regulan a los Estados Unidos directamente o discriminan al gobierno federal o a aquellos con quienes trata’ (por ejemplo, los contratistas)”.
“Consideramos que la Orden Ejecutiva viola la doctrina de inmunidad intergubernamental y que las doctrinas de anticommandeering y de participante del mercado no se aplican”, afirmó Bress. “La Orden Ejecutiva PFC-7-1-EO del condado de King incumplió el Instrumento de Transferencia y violó la Cláusula de Supremacía. Se CONFIRMA la sentencia del tribunal de distrito”.
No se ha anunciado si el condado de King apelará ante la Corte Suprema.