El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que su administración buscará “enérgicamente” la pena de muerte para aquellos que cometan crímenes violentos, en contraste con las políticas implementadas por el presidente saliente, Joe Biden. Esta declaración surge poco después de que Biden conmutara las sentencias de muerte de la mayoría de los reclusos condenados a nivel federal.
En una publicación en Truth Social, Trump dejó claro que una vez en el cargo, instruirá al Departamento de Justicia a “buscar enérgicamente la pena de muerte para proteger a las familias y los niños estadounidenses de violadores violentos, asesinos y monstruos”. Trump agregó: “¡Volveremos a ser una nación de ley y orden!”
Durante su presidencia, Trump reanudó la pena de muerte federal después de una pausa de 16 años, supervisando 13 ejecuciones federales, muchas de ellas en los últimos meses de su mandato. Además, el presidente electo ha prometido ampliar el uso de la pena de muerte para incluir delitos relacionados con el narcotráfico, señalando que los cárteles de la droga representan una amenaza directa para la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Actualmente, la pena de muerte está permitida en 27 estados de la Unión. En algunos de ellos, las ejecuciones se encuentran suspendidas debido a moratorias impuestas por los gobernadores o a litigios en curso. Sin embargo, otros estados continúan aplicándola activamente. A nivel federal, aunque la pena de muerte sigue siendo legal, Biden implementó una pausa en las ejecuciones, una política que Trump pretende revertir.
Los crímenes que pueden conllevar la pena de muerte varían según la jurisdicción, pero generalmente incluyen:
Entre los estados que más han aplicado la pena de muerte en las últimas décadas se encuentran:
La propuesta de Trump de ampliar la pena de muerte para incluir delitos de narcotrafico ha generado controversia. Críticos argumentan que esta política podría tener implicaciones desproporcionadas y ser contraproducente en la lucha contra las drogas. Además, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la equidad en el sistema judicial y el riesgo de ejecutar a personas inocentes.
Con el regreso de Trump al poder, la pena de muerte podría volver a ocupar un lugar central en la agenda de justicia penal de Estados Unidos. La implementación de estas políticas tendrá profundas implicaciones legales y sociales, reavivando un debate que divide a la opinión pública y a los legisladores.