“Esto no le va a gustar a México, pero es lo correcto”, dijo el mandatario mientras firmaba la orden ejecutiva que declara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), que tiene importantes implicaciones tanto para Estados Unidos como para México. Esta medida no solo intensifica la lucha contra el narcotráfico, sino que también plantea serios retos en el ámbito diplomático y de derechos humanos.
🚨 TRUMP DECLARA ORGANIZACIONES TERRORISTAS INTERNACIONALES A LOS CÁRTELES MEXICANOS 🚨
— VotoCatolico (@votocatolicousa) January 21, 2025
"Esto no le va a gustar a México, pero es lo correcto", dijo el @POTUS Donald Trump mientras firmaba la orden ejecutiva.
"¡Defenderemos México con uñas y dientes!", señaló @fernandeznorona… pic.twitter.com/RnHhKwAz9R
Con esta designación, el gobierno estadounidense puede hacer uso de herramientas legales y militares destinadas para combatir el terrorismo. Esto incluye la posibilidad de realizar operaciones encubiertas, imponer sanciones económicas más severas y ejecutar acciones directas en territorio extranjero. La presencia de agencias como la CIA y el FBI podría aumentar significativamente, con un enfoque agresivo para desmantelar redes de narcotráfico y tráfico de armas.
Una de las consecuencias inmediatas de esta declaración es el congelamiento de activos de los cárteles en EE.UU., dificultando sus operaciones financieras. Asimismo, bancos e instituciones financieras estadounidenses tendrán prohibido realizar transacciones con individuos o entidades vinculadas a estas organizaciones, limitando su capacidad de lavado de dinero a nivel global.
Las personas o empresas que brinden apoyo material a los cárteles, como financiamiento, reclutamiento o provisión de recursos, podrán enfrentar penas más severas bajo leyes antiterroristas. Esto podría disuadir a empresarios, transportistas y otras entidades que indirectamente faciliten las actividades del crimen organizado.
La declaración podría tener un impacto directo en la comunidad mexicana residente en EE.UU., ya que cualquier persona con presuntos vínculos con los cárteles podría ser procesada como terrorista. Además, esto podría endurecer las políticas migratorias, dificultando la entrada de ciudadanos mexicanos al país y aumentando la vigilancia fronteriza.
Históricamente, el gobierno mexicano ha rechazado la calificación de los cárteles como organizaciones terroristas, argumentando que esto podría abrir la puerta a acciones unilaterales de EE.UU. dentro de su territorio. La medida podría generar tensiones diplomáticas, pues México podría considerarla como una violación de su soberanía, complicando la cooperación en temas de seguridad y economía.
Al tratar a los cárteles como grupos terroristas, EE.UU. podría presionar a sus aliados internacionales para adoptar medidas similares, dificultando el movimiento de dinero y recursos de estas organizaciones en el extranjero. Esto podría fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico a nivel global.
Desde una perspectiva política, esta medida refuerza el discurso de Trump en torno a la seguridad fronteriza y la lucha contra el fentanilo, apelando a su base electoral conservadora. Sin embargo, sectores progresistas y defensores de derechos humanos argumentan que la medida podría criminalizar comunidades vulnerables, sin abordar las causas fundamentales del problema del narcotráfico.
La declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras dota al gobierno de EE.UU. de poderes extraordinarios para combatir el crimen organizado, pero también plantea serias interrogantes sobre su impacto en las relaciones diplomáticas, la seguridad regional y los derechos humanos. En un entorno cada vez más complejo, esta decisión podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en la región.