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En una de sus medidas económicas más contundentes desde que volvió a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha impuesto un arancel del 60% a las importaciones provenientes de China, cumpliendo con su promesa de reconfigurar el comercio internacional en favor de la industria estadounidense. Además, su administración ha establecido un arancel general del 10% sobre todos los productos importados.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión en una entrevista con Fox News este miércoles, enviando un mensaje claro a los gobiernos que evalúan responder con medidas similares: “No tomen represalias”.
La nueva política arancelaria busca frenar lo que Trump ha calificado como “décadas de abuso económico” por parte de China y otros países que, según él, se han beneficiado injustamente del mercado estadounidense. “Vamos a traer de vuelta nuestros empleos, nuestras fábricas y nuestra independencia económica”, expresó el mandatario en un evento en Pensilvania.
La medida ha generado preocupación en varios sectores estratégicos. Desde la Cámara de Comercio de EE.UU. hasta asociaciones agrícolas y tecnológicas, los temores se centran en el posible encarecimiento de insumos, la interrupción de cadenas de suministro y represalias comerciales que afecten las exportaciones estadounidenses.
Pese a ello, sectores industriales y sindicatos manufactureros han aplaudido la medida como una oportunidad para revitalizar la producción local. “Por fin tenemos un presidente que defiende al trabajador americano”, dijo en un comunicado la Asociación Nacional de Fabricantes.
Aunque Bessent restó importancia a una posible escalada comercial, expertos en comercio internacional advierten que la reacción de China y otros países podría desencadenar una nueva guerra arancelaria con consecuencias globales.
“Este tipo de decisiones pueden sentirse bien a corto plazo, pero tienden a generar inestabilidad económica y política a largo plazo”, señaló el economista Douglas Irwin, especialista en comercio exterior de Dartmouth College.
Aún no se ha anunciado una respuesta formal por parte del gobierno chino, pero fuentes diplomáticas en Pekín aseguran que se están evaluando opciones.