La próxima administración de Donald Trump enfrenta un desafío monumental: frenar el “Estado profundo” y revertir décadas de burocracia descontrolada. Aunque el presidente electo tiene herramientas para combatir este fenómeno desde el Ejecutivo, los cambios estructurales requerirán colaboración con el Congreso. Aquí exploramos las reformas necesarias para devolver el control del gobierno a los representantes electos y en última instancia, al pueblo.
El Senado, liderado por una mayoría republicana, planea avanzar con dos proyectos de reconciliación que podrían ser aprobados con menos de 60 votos. Uno se centrará en energía e inmigración, mientras que el otro buscará extender los recortes fiscales de 2017. Sin embargo, dentro de estos proyectos también deben incluirse reformas para hacer que el Estado administrativo sea más responsable ante el presidente electo.
Estas reformas incluyen facilitar el despido de los burócratas que se oponen a la agenda presidencial, lo que ahorraría dinero y optimizaría el presupuesto federal. Además, Trump planea implementar su orden ejecutiva que crea una nueva categoría de empleados federales, conocida como “Schedule F”, para garantizar una mayor rendición de cuentas.
Un factor clave que perpetúa el poder del “Estado profundo” son los sindicatos del sector público, como la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE). Estos sindicatos otorgan beneficios extraordinarios a los burócratas y los protegidos de rendir cuentas ante los representantes electos.
Incluso Franklin D. Roosevelt, padre del “New Deal” y arquitecto del Estado administrativo moderno, se opuso firmemente a los sindicatos del sector público. En sus propias palabras, las negociaciones con estas organizaciones implican “una pérdida de autoridad del pueblo”.
Los sindicatos no solo otorgan privilegios indebidos, sino que también protegen a empleados que abiertamente sabotearon la agenda de Trump durante su primera administración. Reformar la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978 y eliminar los privilegios sindicales es crucial para restaurar el equilibrio de poder entre el pueblo y sus representantes.
Las agencias administrativas, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), operan con poderes que eluden la supervisión del Congreso y, por ende, del pueblo. En 2023, la Corte Suprema mantuvo la constitucionalidad del esquema de financiamiento de la CFPB, que le permite operar sin depender del poder presupuestario del Congreso. Esto crea un precedente peligroso para la rendición de cuentas gubernamentales.
El Congreso debe aprobar reformas como la Ley REINS, que exigiría la aprobación legislativa de regulaciones con impacto significativo en la economía. Esto no solo frenaría el exceso regulatorio del “Estado profundo”, sino que también restauraría la visión original de los Fundadores, donde el poder legislativo representa directamente la voluntad del pueblo.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión asesora creada por Trump, ya está identificando casos alarmantes de malgasto de fondos públicos. Según un informe del senador Joni Ernst, las oficinas federales continúan costando millones en mantenimiento mientras los empleados trabajan desde casa. Además, el Departamento de Educación ha gastado $1,000 millones en subvenciones para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión desde 2021.
DOGE podría ser fundamental para reducir el gasto innecesario y realinear las prioridades del gobierno hacia la eficiencia y la responsabilidad.
La segunda administración Trump ya ha dado pasos significativos para combatir el “Estado profundo”, pero la verdadera transformación requerirá la acción conjunta del Congreso. Desde reformar los sindicatos públicos hasta limitar el alcance de las agencias administrativas y garantizar que las regulaciones económicas sean aprobadas por los legisladores, estas reformas son esenciales para devolver el control del gobierno al pueblo estadounidense.
La batalla por contener el “Estado profundo” no es solo una cuestión política, sino una lucha por preservar los principios fundamentales de la democracia estadounidense.