El presidente Trump califica el escándalo como “uno de los más peligrosos” de la historia y pide a la fiscal general Pam Bondi que investigue si los asesores de Biden usaron el autopen para ocultar su incapacidad mental y firmar decretos inconstitucionales.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado una investigación federal sobre el uso del autopen durante la presidencia de Joe Biden, en medio de crecientes preocupaciones sobre el deterioro cognitivo del exmandatario y la posible usurpación de sus funciones ejecutivas.
En un memorando difundido este miércoles, Trump instruyó a la fiscal general, Pam Bondi, a liderar una pesquisa para determinar si miembros del círculo cercano de Biden “conspiraron para engañar al público estadounidense sobre su estado mental” y “ejercieron de manera inconstitucional la autoridad presidencial” utilizando un autopen —un dispositivo mecánico que replica la firma del presidente— en documentos oficiales.
“El presidente de los Estados Unidos posee un inmenso poder y responsabilidad a través de su firma. Esa firma convierte palabras en leyes, nombra a altos funcionarios, crea o elimina políticas nacionales y puede liberar a presos”, recordó Trump en el documento. “En los últimos meses, se ha hecho cada vez más evidente que los asesores de Biden abusaron de este poder mediante el uso del autopen, ocultando su declive cognitivo y ejerciendo autoridad bajo el Artículo II en su nombre.”
Trump describió este hecho como “uno de los escándalos más peligrosos e inquietantes en la historia de Estados Unidos”, y subrayó que el pueblo fue “deliberadamente protegido de saber quién ejercía realmente el poder ejecutivo” mientras se aplicaban “cambios radicales de política”.
El presidente Trump reiteró que Biden sufría un “grave deterioro cognitivo” durante años, y recordó que el Departamento de Justicia (durante la anterior administración) concluyó que el expresidente no estaba en condiciones de ser juzgado por posibles delitos cometidos debido a su estado mental.
Según Trump, las personas más cercanas a Biden conocían el alcance de su incapacidad y trabajaron activamente para ocultarlo. “Durante años, restringieron sus conferencias de prensa, limitaron sus apariciones en medios y hasta guionaron sus interacciones con legisladores y donantes”, denunció.
A pesar de ello, durante la presidencia de Biden se emitieron más de 1,200 documentos presidenciales, se nombraron 235 jueces federales y se otorgaron más indultos y conmutaciones que en cualquier otra administración en la historia del país. Entre los actos más polémicos mencionados por Trump destaca la conmutación, dos días antes de Navidad de 2024, de las sentencias de 37 de los 40 criminales más peligrosos en el corredor de la muerte, incluyendo asesinos múltiples y abusadores de menores.
El presidente Trump expresó serias dudas sobre si Biden estuvo consciente de los actos ejecutivos firmados en su nombre durante los últimos meses de su mandato. “La gran mayoría de sus acciones ejecutivas fueron firmadas con un autopen, especialmente en la segunda mitad de su presidencia, cuando su declive cognitivo era aún más evidente”, afirmó.
En el memorando, Trump dejó claro que si los asesores de Biden usaron el autopen para disimular su incapacidad y tomar decisiones radicales en su nombre, ello constituiría una usurpación inconstitucional del poder presidencial, con graves implicaciones sobre la validez legal de esos actos.
Por ello, la investigación federal deberá esclarecer:
Esta orden de Trump se suma a una investigación paralela iniciada por los republicanos en la Cámara de Representantes, liderada por el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, quien ya advirtió que está dispuesto a citar a Biden para que testifique si es necesario.
Trump también sugirió la semana pasada que muchas de las políticas de seguridad fronteriza adoptadas por la administración Biden no contaron realmente con su aprobación consciente, insinuando que el autopen pudo haber sido empleado para implementar directrices contrarias incluso a la voluntad del expresidente.
El escándalo abre una nueva etapa de tensión política, ya que la investigación podría cuestionar la legitimidad de numerosos actos firmados durante el gobierno de Biden. El país ahora espera los avances de la fiscal general Bondi y las posibles consecuencias legales de un caso que, según palabras de Trump, “atenta contra los cimientos mismos de nuestra república constitucional”.