Trump restablece la política dura hacia Cuba y reafirma su compromiso con su libertad
En una decisión contundente y cargada de simbolismo político, el presidente Donald Trump firmó este lunes un nuevo Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que marca el regreso de una política dura y sin concesiones hacia el régimen comunista de Cuba. Se trata de una reversión directa de la línea blanda adoptada por la administración de Joe Biden, que durante su mandato optó por reducir la presión diplomática y económica sobre el gobierno de La Habana, sin lograr avances tangibles en materia de derechos humanos ni democracia.
Con este memorando, el presidente Trump busca cortar las fuentes de financiamiento que sostienen la represión interna en la isla. Las nuevas directrices prohíben cualquier tipo de transacción económica —directa o indirecta— con entidades controladas por el ejército cubano, en especial el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado militar que gestiona una gran parte de la economía cubana. La medida contempla excepciones únicamente para operaciones que beneficien directamente al pueblo cubano o estén alineadas con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Además de reforzar el embargo económico, la Administración Trump ha reafirmado su rechazo a los llamados internacionales —incluidos los de Naciones Unidas— que exigen su levantamiento. Por el contrario, se profundizarán las sanciones, se limitarán aún más los viajes turísticos de estadounidenses a la isla y se implementarán auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, obligando a las agencias a conservar los registros de sus transacciones durante al menos cinco años.
El nuevo enfoque también pone especial énfasis en la promoción de las libertades civiles dentro de Cuba. Entre los objetivos concretos se encuentran la expansión del acceso a internet, la defensa de la libertad de prensa y asociación, y el fomento de una economía privada independiente del control estatal. La Casa Blanca ha subrayado que este conjunto de medidas pretende fortalecer a la sociedad civil cubana y presionar al régimen a cesar su represión sistemática.
En un gesto simbólico que refuerza esta nueva línea diplomática, la Organización de Estados Americanos (OEA) eligió recientemente a la activista cubana Rosa María Payá como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser propuesta por Estados Unidos. Su nombramiento envía un mensaje claro: la lucha por los derechos humanos en Cuba vuelve a ocupar un lugar central en la agenda hemisférica liderada por Washington.
La Administración Trump también ha exigido un informe oficial sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que se encuentran bajo protección del régimen cubano y ha reiterado su decisión de mantener eliminada la política de “Pies secos, pies mojados”, con el objetivo de frenar la migración irregular incentivada por la falta de libertades en la isla.
“Esta es una promesa cumplida”, declaró un portavoz de la Casa Blanca. “El presidente Trump está comprometido a fomentar una Cuba libre y democrática, abordando el sufrimiento de larga data del pueblo cubano bajo un régimen comunista”.
Durante su primer mandato, Trump ya había revertido parte del acuerdo unilateral que la administración Obama firmó con Cuba, acuerdo que según sus críticos solo benefició al régimen sin exigir reformas reales. Ahora, frente a un nuevo período de gobierno, Trump redobla su apuesta por la firmeza: una Cuba sin dictadura no es solo una cuestión de interés estratégico para Estados Unidos, sino un imperativo moral hacia un pueblo que lleva más de seis décadas clamando por libertad.
Con estas acciones, el mandatario no solo reafirma su liderazgo en la región, sino que reconfigura la política exterior estadounidense hacia una postura de defensa activa de la democracia, alejándose del apaciguamiento que, en su opinión, caracterizó a sus predecesores.