El obispo Mark Seitz, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), aplaude el impulso bipartidista a favor de una reforma migratoria y califica la última versión de la Ley de Dignidad como un paso vital para servir al bien común.
Presentado a principios de este mes por las representantes María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas, el proyecto de ley ha obtenido el apoyo de más de 20 legisladores de la Cámara de Representantes, de ambos partidos.
En una declaración del 29 de julio, el obispo Seitz, de El Paso, dijo que el proyecto de ley es un ejemplo crítico de cómo los legisladores trabajan juntos para proteger la dignidad humana.
“La colaboración bipartidista no sólo es posible”, dijo el obispo Seitz, “es absolutamente necesaria”.
Señaló el discurso del 21 de julio del Papa León XIV instando a los líderes políticos a defender “a los vulnerables y marginados” como parte de su deber de promover el bien común.
“Bajo nuestro sistema actual, familias de todo el país viven con miedo”, continuó el obispo Seitz. “Propuestas bipartidistas como la Ley de Dignidad son un paso hacia el cumplimiento del llamado de nuestro Santo Padre de ofrecer un mejor camino a seguir, uno que comience y termine con el respeto a la dignidad divina de cada persona”.
Según la oficina de Salazar, la Ley de Dignidad tiene como objetivo asegurar la frontera, actualizar el sistema de asilo, apoyar a los trabajadores e industrias estadounidenses y ofrecer una “solución digna” para los inmigrantes ilegales.
Entre las disposiciones clave se incluyen la verificación electrónica obligatoria a nivel nacional para todos los empleadores, la construcción de nuevas barreras fronterizas con tecnología de vigilancia avanzada y una revisión del sistema de “captura y liberación”.
El proyecto de ley también crearía Campus Humanitarios en la frontera sur, aceleraría el procesamiento de asilo y establecería un programa basado en restitución para inmigrantes ilegales que hayan estado en Estados Unidos durante más de cinco años.
El Programa de Dignidad permitiría a ciertos inmigrantes indocumentados trabajar y solicitar un estatus legal si cumplen con estrictos requisitos. Deben obedecer todas las leyes, aprobar una verificación de antecedentes y pagar impuestos atrasados. También tendrían que comenzar a pagar impuestos sobre la renta y pagar $7,000 en concepto de restitución durante siete años. Los participantes deben presentarse ante el gobierno federal cada dos años y mantener una buena situación migratoria.