El estado de Vermont ha enmendado una controvertida ley aprobada en 2023 que prohibía a los centros de recursos para el embarazo publicitar sus servicios o permitir que personal no médico ofreciera información o consejería sobre el embarazo a mujeres.
Según un comunicado emitido el 29 de mayo por Alliance Defending Freedom (ADF) —una organización legal cristiana que representó a los centros en una demanda contra el estado— Vermont “ya no discriminará abiertamente a estos centros por su servicio a favor de la vida en sus comunidades”.
La ley original, firmada por el gobernador republicano Phil Scott, impedía que los centros provida promocionaran sus servicios a mujeres embarazadas por el hecho de no ofrecer ni referir abortos, según había denunciado también ADF. Además, establecía que cualquier información, servicio o consejería relacionada con el embarazo debía ser proporcionada únicamente por profesionales médicos con licencia.
Después de que varios centros de embarazo presentaran una demanda, el estado modificó la legislación, permitiendo que los centros operen sin las restricciones anteriores.
Una de las organizaciones demandantes fue el Instituto Nacional de Defensa de la Familia y la Vida (NIFLA). Su vicepresidenta legal, Anne O’Connor, celebró el resultado, aunque advirtió que permanecerán atentos ante cualquier intento futuro de restringir estos servicios.
“Los centros de embarazo ya no están bajo amenaza directa de la ley ni del lobby proaborto en Vermont,” declaró O’Connor. “Por eso NIFLA celebra; sin embargo, si en el futuro el estado vuelve a perseguir inconstitucionalmente el trabajo de los centros provida, NIFLA está lista para llevar nuevamente a Vermont a los tribunales y buscar la justicia correspondiente”.