El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, anunció el 13 de agosto que ha instruido a la Policía Estatal a abrir una investigación criminal completa sobre denuncias que apuntan a que funcionarios de una escuela secundaria del condado de Fairfax habrían facilitado abortos a estudiantes menores de edad sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres, en aparente violación de la ley estatal.
“Estoy profundamente preocupado por las denuncias de que funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax organizaron abortos para menores sin el consentimiento de sus padres y posiblemente usaron fondos públicos para pagarlos”, declaró Youngkin. “He ordenado a la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Virginia que inicie inmediatamente una investigación a fondo sobre este asunto”.
La alerta pública sobre este caso surgió gracias a Zenaida Pérez, docente de Centreville High School, quien afirma haber reportado los hechos en siete ocasiones desde mayo de 2022. Según su testimonio, una trabajadora social de la escuela habría reservado y pagado una cita para abortar a una estudiante menor, sin informar a sus padres. Además, la misma trabajadora social habría intentado convencer a otra alumna de interrumpir su embarazo.
Pérez asegura que advirtió a directivos escolares por primera vez el 5 de mayo de 2022, repitiendo el reporte ocho días después por correo electrónico. También se reunió con el director en noviembre de ese año, pero este dijo no recordar la conversación previa. A lo largo de los meses, Pérez reiteró sus denuncias en diversas instancias, incluso ante un abogado que investigaba otro caso de acoso laboral en la escuela. Sin embargo, sostiene que las autoridades educativas han encubierto el caso y que ella ha sufrido represalias por insistir en sus advertencias.
Pese a las afirmaciones de Pérez, la superintendencia de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) envió el 7 de agosto de 2025 una carta a personal y familias asegurando que recién se enteraron de las acusaciones esa misma semana. En su comunicado a CatholicVote, el distrito evitó pronunciarse sobre el presunto encubrimiento alegando que se trata de un “asunto de personal en curso”.
FCPS indicó que contrató a una abogada externa e independiente para “seguir plenamente los hechos” y prometió “acciones rápidas y apropiadas” una vez establecida la verdad. Asimismo, afirmó que está preparado para cooperar plenamente con la investigación estatal.
El despacho de Youngkin ha solicitado que cualquier persona con información relevante se comunique con la Policía Estatal de Virginia. Mientras tanto, el distrito escolar insiste en que “en ningún momento sería aceptable una situación como la descrita” y que su prioridad sigue siendo iniciar el año escolar en un entorno seguro.
Este caso, que combina acusaciones de violación a las leyes de consentimiento parental, posible uso indebido de fondos públicos y presunto encubrimiento institucional, promete convertirse en un punto de alta tensión política y legal en Virginia, especialmente por el debate que reaviva sobre el papel de las escuelas en temas de salud reproductiva y los límites de la autoridad de los padres sobre sus hijos menores.